Los Micros y un Problema Macro

Sin duda, el transporte público es un mal endémico que acarrea la capital desde décadas. A la congestión vehicular (léase saturación del parque automotor) y el mal estado de las vías de transporte, se suman los efectos de la “cultura combi”; esto es, tarifas antojadizas, vehículos en mal estado, la disputa de pasajeros, uso de vías no autorizadas, estacionamiento innecesario, prepotencia, desconsideración, y un largo etcétera de infracciones que cometen regularmente conductores y cobradores; e infelizmente, nos estamos acostumbrando a ello. 

 Si bien la Municipalidad de Lima, a través ordenanzas, faculta a inspectores de tránsito para aplicar sanciones a quienes cometan infracciones en el servicio de transporte público de pasajeros, el problema va más allá de la cantidad de faltas que se sancionen: el 70 por ciento de estas multas no se hacen efectivas, y hay choferes que recibiendo hasta más de 200 papeletas, siguen manejando. Por esta ineficiencia en cobrar las papeletas, se están dejando de percibir más de 75 millones de soles, que servirían para el mantenimiento de pistas y semáforos, la compra de unidades motorizadas para controlar el transporte vehicular, e incluso solventar el refrigerio de los efectivos del orden. Si a la Policía de Tránsito sumamos la Policía Nacional (que también pone papeletas) y los inspectores antes mencionados, habrán sanciones por doquier, pero si no van acompañadas de penas severas a los reincidentes, todo seguirá igual. Otro problema, aún más grave, es la corrupción fomentada por algunos elementos policiales, quienes aceptan coimas (ocultado con la frase “colabora con la rifa”), prostituyendo su dignidad por unos cuantos soles, y dejan seguir su camino a los “locos” del volante. Si esta actitud también es asumida por los inspectores el público usuario no sabrá a qué atenerse, excepto del estribo más cercano para no caerse. En la capital existen más del 100 mil los vehículos de transporte público, y ocasionan un promedio de mil accidentes por año; muchos de ellos, por “pequeñeces” que las autoridades pasan por alto (letreros en el parabrisas, falta de espejos retrovisores, luces deficientes, falsos cinturones de seguridad, etc.), y pueden evitarse con una política de mano dura que no favorezca a la impunidad. Aunque los transportistas se quejen de que les quitan el brevete y llevan sus vehículos a los depósitos para sacarles más plata, difícilmente recibirán consuelo de los ciudadanos de a pie, hartos de someterse a tanto abuso, porque no pueden darse el lujo de tener movilidad propia o tomar taxi, por más que al fondo haya sitio.